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Modernización

La modernidad ha sido el horizonte hacia el cual ha pretendido moverse la sociedad venezolana a partir de la consolidación del positivismo como paradigma cultural. Por modernidad se entiende la «superación del atraso» que representan las sociedades rurales, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas hacia la industrialización, concebida como un modo de producción más eficaz para proveer a la sociedad de sus bases materiales. Significa, también, el uso de nuevas formas de tecnología en todos los ámbitos de la vida social, el desarrollo de las comunicaciones, la expansión de los servicios públicos, y cambios radicales en las formas de ocupación y trabajo dentro de la sociedad. Igualmente está asociada a la introducción de la razón y el comportamiento racional, como máxima instancia de lo humano, a la ampliación y expansión de la educación a todas las capas de la población y al surgimiento de múltiples y pluralistas formas de asociación social masiva.
La modernización es el proceso mediante el cual se intenta alcanzar dicho modelo y se van sustituyendo las «viejas» relaciones sociales por unas nuevas, «modernas», que se perciben como una ruptura con las anteriores y no en continuidad. En lo económico el proceso está marcado por el esfuerzo industrializador que exige la acumulación de capital, la ampliación progresiva del mercado de bienes y servicios y la complejización de la estructura ocupacional. En la esfera política significa el surgimiento del Estado nacional y su crecimiento, junto con el nacimiento de instituciones y asociaciones civiles representativas de los nuevos intereses sociales; también se da un proceso de centralización política por el cual se imponen modos racionales de legitimación tales como la representatividad, las elecciones, etc. En la dimensión ideológica-cultural, la urbanización y concentración territorial de la población propician profundos cambios en los patrones de valoración y comportamiento personal y social. Igualmente se da una homogeneización de las expectativas sociales mediante la interiorización del modelo de sociedad moderna representado por el modo de vida de aquellas sociedades que simbólicamente encarnan la modernidad (Estados Unidos y Europa occidental). En ese proceso tienen una especial incidencia la educación formal e informal y los medios de comunicación social. La modernización es un proceso que se caracteriza por ser socialmente asincrónico, es decir, que no se da al mismo tiempo y con la misma intensidad en las distintas esferas y capas de la sociedad. Esto produce una compleja situación social de transición en la que coexisten al mismo tiempo formas sociales diversas, representativas de los diferentes momentos de evolución que van desde la vida rural hasta las formas postindustriales. Por ello, el proceso se vive como «crisis» a causa de las múltiples rupturas personales y sociales que se producen. Generalmente este proceso es impulsado por minorías avanzadas o «élites modernizantes», económica y políticamente muy activas y que asumen el control de la estructura de poder de la sociedad dentro de la cual se da la necesaria movilización social en pos de los objetivos de la sociedad moderna.
Un programa convergente para Venezuela: En la Venezuela postgomecista se propone como horizonte programático común de las diversas fuerzas sociales la realización de la modernización. El liberalismo y el positivismo del siglo XIX y comienzos del siglo XX habían preparado el terreno al proponerse la superación de la barbarie por la civilización y el progreso. La consolidación de la explotación petrolera (aunque en manos extranjeras) significa un salto cualitativo en las posibilidades reales de llevar adelante un proceso modernizador. Un examen detenido de los programas políticos de las principales fuerzas y organizaciones sociales y políticas manifiesta claramente la convergencia alrededor del proyecto modernizador para Venezuela. En efecto, el programa de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) en 1931; del general Eleazar López Contreras; el Movimiento de Organización Venezolana (ORVE) y el Partido Republicano Progresista (PRP, comunista) en 1936; del Partido Democrático Nacional (PDN) en 1939; del general Isaías Medina Angarita y de Acción Democrática (AD) en 1941; de los socialcristianos agrupados en el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI); de Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) en 1945; las proposiciones del Nuevo Ideal Nacional durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde 1948 a 1957, y las posteriores reformulaciones de los programas de los partidos, coinciden en los aspectos básicos de un modelo económico, político y social moderno para Venezuela. La palanca fundamental para la realización de la modernización es el uso adecuado de la renta petrolera por parte del Estado para superar la situación de estancamiento económico, incentivar las inversiones en el comercio y la industria que arranquen el proceso de industrialización de la economía y se estimula la aparición de las clases sociales y las relaciones de producción propias de una sociedad moderna. La frase «sembrar el petróleo», representa desde 1936 ese acuerdo básico de afincarse en la renta petrolera para el despegue del desarrollo moderno de la nación venezolana. La primera urgencia en la que también se coincide es en la necesidad de la transformación del medio físico; se estimula así un acelerado proceso de urbanización del país que lleva a la concentración de la población en las ciudades y al ingente esfuerzo de construir la compleja infraestructura física necesaria para hacer realidad los planes de industrialización. Simultáneamente se organizan los planes de saneamiento ambiental y las condiciones para el desarrollo de un mercado cuya expansión propicie el crecimiento de la producción. En el mismo sentido se propone la reforma Agraria que transforme la producción latifundista y minifundista en una técnicamente diseñada para el mejor aprovechamiento de los recursos y la capacitación del campesinado. Conjuntamente se hace necesaria una estructura monetaria unificada y un sistema bancario captador del ahorro nacional y financista de los planes de crecimiento. También se hace necesaria la introducción de una estructura impositiva que aliente la producción en todos los campos de la actividad económica (especialmente el Impuesto sobre la Renta) y la reglamentación de las relaciones entre el capital y el trabajo. Desde el punto de vista político se coincide en la necesidad de la consolidación de las instituciones. Éstas son el Estado, los diferentes poderes Públicos concebidos dentro del esquema democrático-liberal comúnmente aceptado y las Fuerzas Armadas. La democracia representativa, policlasista, dirigida por civiles, que respeta el pleno ejercicio de las libertades públicas, con sufragio universal y ceñida al marco establecido por la Constitución y las leyes de la República, es otro punto de convergencia. Especial importancia adquiere el estímulo de las asociaciones masivas: los partidos políticos, los sindicatos obreros, las organizaciones gremiales etc.; son promovidas por todas las fuerzas sociales como paso necesario para una auténtica modernización. La extensión de la educación a toda la población se convierte en otro elemento de coincidencia programática. Desde la alfabetización hasta la capacitación técnica se coincide en la importancia de enseñar a vivir en una sociedad moderna y propiciar la interiorización de los valores y modos de representación propios de la modernidad. El nacionalismo como ideología aglutinadora de los más diversos grupos sociales en pos del bien común, identificado con el proyecto modernizador, es ampliamente utilizado en la formación de la conciencia que ha hecho posible la inmensa transformación del país en los últimos 50 años.
Divergencias en la realización de la modernización: Aun reconociendo la existencia de ese horizonte programático en el que convergen las diversas fuerzas sociales, encontramos también importantes divergencias en la realización del proyecto modernizador que explican, en gran parte, la dinámica de las luchas sociopolíticas de la historia venezolana reciente. Tales divergencias tienen que ver con la estrategia global del proceso modernizador, con el establecimiento de las prioridades en los cursos de acción económicos, políticos y sociales, y con el papel que deben jugar los distintos grupos sociales en el proceso. El punto focal de esas divergencias es la constitución del sujeto político del proyecto, entendiendo por tal a aquel actor social que se propone directa y conscientemente liderar y dirigir el proceso modernizador venezolano y para lo cual pretende el ejercicio del poder político. Desde estas claves se intenta una presentación e interpretación del proceso sociopolítico venezolano del postgomecismo hasta nuestros días. En primer lugar exponemos una «tipología» de las élites modernizantes que surgen como sujetos políticos y pujan por una correlación de fuerzas favorable a su estrategia modernizadora, ejecutada por ellas desde el gobierno del Estado. Luego se presentan las fases del proceso de acuerdo al cambio en la correlación de fuerzas.
La élite cívico-militar ilustrada: Es el primer actor social que entra en nuestra escena histórica. Está constituida por un grupo de civiles y militares de mentalidad e ideas modernas totalmente decididos a conducir al país por la vía del progreso. Su instrumento principal es la acción del Estado conducida bajo su dominio; de hecho el Estado se identifica con el Poder Ejecutivo, que tiene los recursos para adelantar la transformación del medio físico, vista como la primera prioridad en la puesta en marcha de la modernización del país. Junto con esa acción es necesario estimular la expansión del mercado interno mediante las importaciones y apoyar la formación de comerciantes capaces de adelantar ese proceso respaldados por una incipiente organización bancaria y los recursos que el Estado recibe de la renta petrolera. La educación es el acompañante necesario para completar la transformación del medio con un cambio en la mentalidad de la población. Los derechos políticos y el ejercicio de la democracia se conciben como el fruto paulatino del proceso modernizador y debe evitarse que su anticipación entorpezca el proceso. Es la élite dirigente la que debe decidir el momento propicio para la ampliación del ejercicio de las libertades políticas. La democracia es la meta y no el medio para lograr los objetivos modernizadores. En la historia política venezolana este sujeto político estuvo encarnado por Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita y sus respectivos equipos de gobierno, asesores y aliados.
El partido del pueblo: Representa al actor social más novedoso aparecido en el escenario histórico venezolano contemporáneo. Pretende un proceso de modernización liderado por un partido político que agrupa una amplia base social en la que se integran todos aquellos sectores sociales para quienes la modernización representa algún beneficio. La prioridad en este caso es el ejercicio de la democracia representativa y del sufragio universal pues es la única manera de legitimar su acceso al poder político y su ejercicio. Ese partido policlasista y elegido por sufragio controla el Estado, también concebido como el principal instrumento para canalizar los recursos para la industrialización del país, y para fomentar el surgimiento de los grupos sociales propios de una sociedad moderna. La educación tiene una clara función política: difundir masivamente la mentalidad moderna. Acción Democrática es quien mejor encarna en nuestra historia esta forma de sujeto político, sin olvidar sus raíces en el Partido Democrático Nacional, deslindado de los comunistas y del primer PDN a partir de 1937. Un partido que representa al pueblo y lo sustituye en las decisiones necesarias para acelerar la realización del proyecto.

El partido de la clase obrera: Se autodefine como vanguardia histórica de la clase obrera, sujeto social de una sociedad no sólo moderna sino justa. Esa vanguardia está formada por personas conscientes y organizadas como portadoras de los verdaderos intereses de las mayorías. El partido de la clase obrera controla el Estado y sus recursos para dedicarlos al desarrollo económico, patrón por el cual se mide el avance del proyecto modernizador y fuente de legitimidad política de la acción de la vanguardia. La democracia representativa no se ve como necesaria pues puede ser un obstáculo a la velocidad del proceso, sin embargo, es vista como un «mal menor» cuando es alternativa a dictaduras personalistas con raíces en los estratos terratenientes. El partido controla junto con el Estado también a las asociaciones civiles para dirigirlas a los mismos objetivos, e igualmente los medios de comunicación social y el sistema educativo. Esta proposición ha sido encarnada en Venezuela por el Partido de la Revolución Venezolana (PRV, 1926), el Partido Comunista de Venezuela (PCV, 1931), el Partido Republicano Progresista (PRP, 1936), la Unión Popular Venezolana (UPV, 1944), el Partido Revolucionario del Proletariado (1947) y otras organizaciones comunistas.
El partido de conciliación de intereses: Se inspira en las ideas de la «doctrina social de la Iglesia» (Católica) y se enmarca dentro de las concepciones del «humanismo integral» sostenido por la corriente socialcristiana. El partido se propone como el instrumento para el nacimiento y consolidación de las instituciones sociales propias de una sociedad regida por el Estado de Derecho, garantía del bien común y la justicia social. La democracia representativa es proclamada como «la mejor forma de gobierno» aunque siempre tiene como límites la preservación de los derechos individuales reconocidos como la base del contrato social. En Venezuela ha sido representado por el Partido Socialcristiano COPEI y las organizaciones inspiradas en este pensamiento que lo antecedieron: Acción Nacional (1942) y la Unión Nacional Estudiantil (UNE, 1936).
Las Fuerzas Armadas nacionales: Emergen como el quinto actor que pretende liderar el proyecto modernizador. Ella se percibe a sí misma como una institución moderna capaz de conducir al resto de la sociedad por ese camino. La institución misma es la garantía de un proceso que se identifique con los intereses nacionales y no con los de una persona o grupo para su beneficio particular. La democracia representativa no se niega como ideal, pero se ve como un estadio posterior del proceso subordinado a la consecución de los objetivos prioritarios del desarrollo económico e institucional. Esta proposición se basa en la ideología nacionalista con tintes de patriotismo y abundante uso de referencias al Libertador, los próceres y la gesta de la independencia.
La modernización «desde arriba» (1936-1957): Ciñéndonos exclusivamente al postgomecismo, podemos establecer una primera fase de la modernización venezolana llevada adelante por los sujetos políticos tipo «élite cívico-militar ilustrada». Durante el gomezalato se logra la centralización militar, administrativa y política del país con la consiguiente instauración del Estado nacional. El desarrollo de la actividad petrolera dota a ese Estado centralizado de una renta que le permite no sólo salir de sus deudas y limitaciones económicas, sino que lo convierte en la fuente principal de recursos para acercarse al horizonte moderno colectivamente deseado.
Desaparecido el dictador Juan Vicente Gómez, la élite cívico-militar ilustrada se mantiene en el ejercicio del gobierno y a la cabeza del proceso de modernización en forma consciente y sistemática. Los gobiernos de los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita se proponen ambiciosas metas modernas en lo económico, lo social y lo político, posibles, en gran parte, sobre la base del crecimiento de la renta petrolera. El desarrollo de las condiciones políticas modernas permite el surgimiento de las organizaciones de masas tales como los partidos políticos y los sindicatos, junto con el florecimiento de movimientos culturales, medios de comunicación (prensa, radio). De esta manera, junto a la consolidación de las Fuerzas Armadas nacionales como institución, nacen las organizaciones que dan lugar a la aparición de otros sujetos políticos dispuestos a luchar por el liderazgo del proceso de modernización de acuerdo con su propia concepción del mismo. Junto con el surgimiento de los diversos sujetos políticos, portadores de los alternativos enfoques modernizadores, van surgiendo en Venezuela formas modernas de luchas por el poder político.
En la coyuntura de la sucesión del general Isaías Medina Angarita en la presidencia de la República se producen condiciones para que el grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas que conciben éstas como sujeto político y no sólo como soporte de la élite cívico-militar, establezcan una alianza con el partido del pueblo y se produce el derrocamiento por un golpe de Estado contra el presidente Medina (18 de octubre de 1945). El partido del pueblo logra, sin embargo, la hegemonía en la correlación de fuerzas y establece un estilo de gobierno de acuerdo a su propia manera de entender el proceso de modernización que tiene diferencias cuantitativas con el proyecto de las Fuerzas Armadas nacionales. Por esta razón, el llamado trienio adeco finaliza abruptamente con el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 con el que se derroca a Rómulo Gallegos, primer presidente electo con una amplia mayoría en comicios universales, directos y secretos de la historia venezolana.
El gobierno de las Fuerzas Armadas impulsa el proceso modernizador de acuerdo a sus propias prioridades. Se destacan durante estos años (1949-1957) un fuerte desarrollo de la infraestructura del país, especialmente en los medios urbanos, el estímulo a la inmigración europea y la preparación de las condiciones para el surgimiento de la industria sustitutiva y básica. La actividad política de sindicatos y partidos políticos es severamente perseguida y sus militantes sometidos a una dura represión policial. El crecimiento moderno del país en estos años en los campos de la construcción, industria, comercio y servicios públicos tiene como contrapartida la restricción de la actividad política en todas sus expresiones y la restricción de la educación masiva. Se intentó sustituir estas dimensiones con la difusión de una fuerte ideología nacionalista y símbolos patrios que asociaban la obra del gobierno de las Fuerzas Armadas a la gesta de los libertadores, fundadores de la Patria.
La modernización «populista» (1958-1983): Una nueva coyuntura sucesoral provoca el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y el surgimiento de una nueva alianza política que logra establecer una correlación de fuerzas favorable al modo populista de realizar el proyecto de modernización. El «Pacto de Punto Fijo», firmado en octubre de 1958, es la base de la alianza populista. Dicha alianza se da entre las organizaciones que representan al partido del pueblo y al partido de la conciliación de intereses, excluyendo conscientemente al partido de la clase obrera, cuya ideología era considerada por los anteriores como incompatible con la concepción modernizadora que ellos encarnaban, además de que su presencia en el pacto haría imposible la creación de una alianza social más amplia alrededor de la cual se fundara la estabilidad del régimen populista.
De esta manera, la modernización populista se hace posible por la existencia de una vasta alianza de élites constituida por un primer núcleo entre los partidos Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y COPEI, los cuales firman el mencionado Pacto de Punto Fijo en el que se establece un programa de gobierno común a ser llevado a cabo entre todos de acuerdo al resultado de la confrontación electoral. La alianza se extiende desde ese núcleo hacia la dirigencia del empresariado privado, el sector mayoritario «institucionalista» de las Fuerzas Armadas nacionales y la cúpula de la Institución Eclesiástica Católica. El régimen que surge, entonces, en Venezuela, responde igualmente a la denominación de «sistema populista de partidos políticos» o de «sistema de conciliación de élites».
Los «excluidos» de esta alianza reaccionan en diversa forma contra ella. Aquellos grupos militares que pretendían la continuidad del gobierno de las Fuerzas Armadas conspiran dentro de la institución e intentan el derrocamiento del gobierno de Rómulo Betancourt. Los comunistas, junto a otro grupo de militares descontentos y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, surgido de la división de Acción Democrática, forman el Frente de Liberación Nacional (FLN) e intentan el ascenso al poder desde la insurrección armada. El sistema populista logra suficiente legitimidad política en gran parte debido a su estrategia modernizadora en la que se combina la participación electoral masiva, el surgimiento de todo tipo de organizaciones políticas, sindicales, gremiales, etc., enormes inversiones estatales en servicios públicos (educación, salud, vivienda popular), la reforma agraria y el despegue de las industrias básicas del Estado. La abundancia de renta petrolera permite al Estado, dirigido por la alianza populista, colmar las expectativas de los diversos grupos sociales, al mismo tiempo que la lucha contra la guerrilla de izquierda, la política internacional de defensa de la democracia representativa en el continente y el proceso de nacionalización de la industria petrolera producen la identificación ideológica de la sociedad en sintonía con el Estado.
Hacia 1970 el sistema populista había logrado neutralizar tanto a los sectores militaristas dentro de las FAN como a la guerrilla de izquierda. El triunfo electoral de COPEI por estrecho margen en 1968 demostró, además, la posibilidad real de la alternabilidad en el gobierno dentro de la alianza populista, asegurando la continuidad de la estrategia modernizadora. La sorpresiva subida de los precios petroleros en 1974 y 1978 por la que el Estado venezolano recibió un inesperado aumento de sus ingresos rentistas logró disimular los límites del modelo modernizador en marcha. La nacionalización de la industria petrolera el 1 de enero de 1976 hizo aún más difícil que se tomara conciencia de las reformas exigidas en todas las dimensiones del sistema político. En medio de la «ilusión de armonía» que se vivía no se puso atención a señales de alarma, tales como el descenso continuado de los salarios reales, la disminución de la inversión, el desordenado crecimiento de la deuda pública externa e interna, el aumento de la pobreza, etc. Los signos de la crisis del modelo modernizador fueron mayoritariamente interpretados como producto de la extensión de la corrupción administrativa, el despilfarro de los recursos públicos y la escasa capacidad gerencial de los responsables del gobierno y de las empresas del Estado.
Los partidos políticos dejaron de ser organizaciones generadoras de ideas políticas que transformadas en «proyecto» se convirtieron en el eje alrededor del cual cohesionar una fuerza social que buscara y ejerciera el poder político para hacerlo realidad. Los partidos de la alianza populista se convirtieron en administradores de la red clientelar del Estado, alimentada por la renta petrolera, más segura después de la nacionalización, pues se podía hasta «exprimir» a Petróleos de Venezuela. Los partidos de izquierda perdieron su mordiente alternativa al perder peso real el pensamiento marxista y fracasar los regímenes de Europa del Este, de manera que se diluyeron o se plegaron al sistema de conciliación de élites. El sector empresarial privado, especialmente en el área financiera, logró acaparar la mayor tajada de la renta, transifiriéndola en gran parte al exterior.
El «viernes negro» del 18 de febrero de 1983 cuando el gobierno de Luis Herrera Campins, segundo copeyano en la presidencia de la República, devaluó el bolívar frente al dólar; parecía la señal definitiva de la inviabilidad del modelo populista-rentista de modernización. Éste, sin embargo, había creado una cultura política lo suficientemente asimilada por todos los estratos de la población como para impedir que las señales de alarma fuesen eficaces en promover la necesaria reforma del sistema y del Estado junto con la transformación de las bases culturales mencionadas.
Intentar la «neo» modernización (1983-1995): En el ámbito político se ha iniciado la reforma del Estado, 2 de cuyas vertientes han dado pie a nuevas formas de participación política. La primera es la elección de gobernadores de estado, alcaldes, diputados a las asambleas legislativas, concejales y miembros de las juntas parroquiales en comicios separados de los nacionales. La segunda es la descentralización administrativa con la consiguiente transferencia de poderes y recursos a las localidades. Ambas líneas de reforma, aún en proceso, significan un importante esfuerzo de modernización tanto de las estructuras de la administración pública como de las relaciones entre gobernados y gobernantes.
Durante todos estos años el país se ha debatido en la lucha por superar los efectos de la crisis del modelo rentista y formular un nuevo camino hacia el horizonte modernizador todavía compartido. La sociedad venezolana avanzó sustantivamente al constituirse en una sociedad moderna. Los venezolanos nacidos después de 1970 difícilmente se pueden imaginar lo que era el país a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Lo que se formuló en aquellos tiempos como características del proyecto modernizador fue en buena parte alcanzado, aunque la distribución de sus beneficios se hiciese en forma inequitativa y se tuviera como resultado una sociedad modernizada marcada por la injusticia social. El horizonte modernizador es, además, corredizo. A medida que se camina hacia él se hace más complejo y lejano. Por tanto, los venezolanos de hoy sienten profundamente la necesidad de modernizar a Venezuela.
Este nuevo esfuerzo modernizador se produce en momentos de grandes transformaciones mundiales. Las tendencias a la globalización de la economía y la interdependencia de los mercados impone modelos de producción, distribución y consumo a toda sociedad que quiera modernizarse. Desde el punto de vista ideológico, al contrario de lo sucedido en las primeras fases de la modernización, dominan las tendencias que se han denominado «neoliberales» que propugnan el libre juego del mercado con la menor intervención posible del Estado. La competencia en un mercado mundial con alta exigencia tecnológica y de productividad supone una enorme presión sobre países como Venezuela en proceso de modernización. Alcazar las exigencias de ese mercado supone unos «ajustes» estructurales cuyos costos sociales resultan muy altos. En el caso de los venezolanos, a los costos sociales medidos en términos de descenso en la calidad de vida se une la frustración de las expectativas a corto y mediano plazo, surgidas de la tensión modernizadora populista-rentista.
Otra característica del actual momento del esfuerzo modernizador es la dificultad de una discusión integral y amplia del horizonte modernizador, además de la ausencia de fuerzas sociales organizadas en torno a diversas alternativas o «proyectos» modernizadores. Se discuten en grupos formados más bien por «especialistas» las diversas dimensiones de la modernización necesaria. Así, entre los economistas se producen discusiones y propuestas de política económica a veces muy sectorializada. Entre educadores se proponen alternativas educativas. Los comunicadores sociales intentan estar a la altura de las nuevas tecnologías multimediáticas y formas comunicativas propias de la nueva modernidad y así sucesivamente. Hacen falta, sin embargo, proyectos globales que diseñen tanto el modelo de sociedad moderna que podemos y queremos alcanzar, como el camino para llegar a ella. No se debe despreciar, en este sentido, la importancia del proceso de modernización en relación al modelo de sociedad. La pregunta clave aquí es sobre la posibilidad de hacer esta transición en democracia y profundizando las actitudes y mecanismos democráticos de toma de decisión política. Algunas tendencias se resignan a sacrificar «temporalmente» la dimensión democrática de la transición a la nueva modernización, reconociendo la necesidad de un régimen político autoritario para conseguir los efectos del ajuste económico en un lapso breve. Otros consideran esta dimensión como absolutamente esencial si lo que se pretende como modelo de sociedad moderna incluye la democracia participativa como el modo de tomar decisiones. De un proceso autoritario no puede surgir una sociedad democrática. 
El desafío de esta nueva fase de la modernización de Venezuela consiste en promover un proceso social en el que sea posible transformar la cultura política surgida en la fase rentista de la modernización. Los procesos de transformación cultural requieren tiempo y un sistemático esfuerzo de educación en todas las formas y en todos los niveles de la sociedad.



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