Tradiciones
y Costumbres
Educación
Siglos XVI-XVIII
Concepto: Con este término se pretende describir las
realizaciones escolares, no universitarias, llevadas a
cabo en Venezuela durante el período hispánico. Como
elementos constitutivos del concepto conviene señalar:
el carácter institucional; el plan de estudios; y el
objeto final, la formación de los alumnos ya fueran a
ingresar en la universidad, ya optaran por enfrentarse
directamente a la vida. En consecuencia, prescindimos
de las modalidades que revestía la instrucción que
solían recibir los niños y adolescentes de las
diversas naciones indígenas que integraban el
territorio nacional; los esfuerzos aislados y anónimos
de los «pedagogos» que instruían a la juventud
blanca y criolla en las primeras letras en los
principales centros urbanos; y los intentos aislados
que no fraguaron en realidades permanentes. Así pues,
nos circunscribimos fundamentalmente a lo que hoy se
denomina enseñanza primaria y media. Para enmarcar el
verdadero concepto de educación es necesario tener
presentes las siguientes premisas: a) fuentes
documentales: en el aspecto jurídico-fundacional son
escasas para los siglos XVI y XVII; casi nulas en lo
que se refiere al proceso que denominamos paideia; b)
carecemos en absoluto de informes sobre la demografía
estudiantil de esa época y menos de lo que denominaríamos
la demanda educacional en el siglo XVI y XVII; c) se
ignora también el medio y las aspiraciones culturales
de los pequeños grupos hispanos que crearon, o fueron
estableciendo, la red urbana venezolana; al parecer,
les preocupaba más la conquista, la tierra y el poder
que lo que podría significar la educación de los
hijos; d) el nacimiento de la «exigencia social» hay
que vincularlo a la implantación de las instituciones
y muy especialmente al arraigo de las órdenes
religiosas, ya que la corriente oficial miraba más a
la «hispanización» de los indígenas y a la formación
de los hijos de los caciques.
Legislación: a) Oficial: la legislación indiana es
muy precisa en lo que se refiere a la fundación y
erección de las universidades y para lo que en ella
se denominan colegios, que son: los seminarios
conciliares para la formación del clero en que tanto
había insistido el Concilio de Trento; los colegios
para los hijos de caciques en las principales ciudades
del continente y como excepción, y en número muy
reducido, el Colegio de Niños Pobres de México. No
era, pues, incumbencia directa de la Corona la enseñanza
media. La única estructura educativa legislada fue la
universidad. Sin embargo, los jesuitas colaboraron
eficazmente, en el mundo renacentista y barroco, a
desmembrar del currículum de los estudios superiores
la rica disciplina de las humanidades y así se
difundió la enseñanza media en las principales urbes
de Europa, América y Asia. Con todo, la legislación
indiana abordó indirectamente la reglamentación de
los colegios al estatuir una normativa específica
para las «Fundaciones», concepto muy general que
abarcaba desde la erección de un convento hasta la de
un monasterio y/o lugares píos. En estos casos debía
solicitarse el parecer del prelado diocesano, del
virrey, de la Audiencia, del gobernador del distrito y
otros informes como los del Cabildo y de algunas
personas importantes. b) Eclesiástica: en términos
generales se puede sostener que las disposiciones de
los sínodos y concilios que atañen a Venezuela adecúan
sus prescripciones a los grandes patrones de la
legislación oficial; consecuentemente, el tema de la
enseñanza media está ausente de ellos. Lo que sí
contemplan el Concilio de Santo Domingo y las
sinodales del obispo Diego de Baños y Sotomayor, es
la enseñanza primaria, en la que se debe aprender a
leer, escribir y contar, y las niñas aprender
labores. También se deduce del texto que estas
escuelas debían estar diseminadas por todos los
centros urbanos y parroquias. Con todo, no deja de ser
curioso que el Concilio de Santo Domingo (1622-1623) sólo
hable de las escuelas para niños en el capítulo VII
de la sesión VI, dedicada exclusivamente a los
indios. Reza textualmente: «...Los párrocos tengan
escuelas para niños. En las escuelas enséñenles a
escribir y leer para que más fácilmente aprendan la
doctrina cristiana y el idioma español; y facilítenles
cartillas abecedario, escritas a mano, para que no se
vean obligados a comprarlas...» Las órdenes
religiosas, por el contrario, herederas de una
inmemorial tradición educativa, poseían sus
ordenamientos de estudios con los que se rigieron sus
diversas instituciones educacionales; mas, este último
renglón no pertenece a la legislación oficial.
Contenido: En cada época, suele haber palabras que
hacen fortuna. En el siglo XVI esa palabra fue la
elocuencia. Como es natural, se trataba de la
elocuencia latina, lengua en la que se expresaba el
mundo científico, universitario y erudito de
Occidente. Es casi nula la información que sobre
programas concretos de estudio disponemos para
Venezuela. Quizá se pueda considerar como una genuina
síntesis de la enseñanza conventual, el estatuto que
dejó el obispo Mariano Martí para la Escuela de
Maracaibo en 1775. El maestro deberá regirse por el
arte de Nebrija «...cuidando que sus discípulos
aprendan de memoria sus reglas y que hagan frecuente
ejercicio de ellas y de sus cinco libros [...] y que,
impuestos ya en el cuarto, no se hable sino latín
dentro del aula...» Los alumnos deberían traducir
del latín al castellano el Breviario romano, el
Catecismo de Trento y las Epístolas de San Gregorio.
Por lo tocante a la poesía deberían traducir a
Ovidio, Virgilio, Marcial, Homero y otros. Y la retórica
se dirigirá por Soares y Pomey; y para la construcción
se les darán las Epístolas y oraciones selectas de
Cicerón. Los jesuitas se rigieron por la Ratio
studiorum (1591-1598), código educativo que inspiró
en el XVII y XVIII toda su administración y diseño
curricular. Los «estudios inferiores» duraban 5 años:
3 para el estudio de la gramática; uno para las
humanidades y uno para la retórica. Cuando las
ciudades eran pequeñas y el número de alumnos
reducido, como el caso de Mérida, simplificaban el
trienio de la gramática en un año. En el
ordenamiento neogranadino el curso solía comenzar el
9 de septiembre y concluía el 30 de julio. Se
interrumpían las clases del 23 de diciembre por la
tarde, hasta el 28; en carnavales; del miércoles de
la Semana de Pasión al Miércoles de Resurrección.
Como días festivos se señalaban: la víspera de Año
Nuevo y del Corpus Christi por la tarde, así como «...los
días que hay toros en la plaza principal de la
ciudad...» Los sábados por la tarde se dedicaban a
«conclusiones», o certámenes escolares públicos en
que competían los diversos grados. La distribución
diaria era la siguiente: 7 a.m. estudio; 7:30 a.m.,
clase; 8:30 a.m., recreo; 9:00 a.m., clase; 10:00 misa
y estudio. Por la tarde: 2 p.m., estudio; 2:30 p.m.,
clase; 3:30 p.m., clase; 3:30 p.m., recreo; 4 p.m.,
clase. A las 5 p.m., los alumnos externos regresaban a
sus casas o se juntaban a los internos para las «academias»,
o seminarios como diríamos actualmente. Textos
utilizados: la Gramática de Nebrija para la primera
etapa. Mas pronto impusieron los jesuitas la Gramática
del padre Manuel Álvarez y/o la del padre Mario
Soares, muy difundida en toda América. Para los
grados superiores se servían de las ediciones
europeas de los autores estudiados: Plauto, Terencio,
Lucrecio, Virgilio, Horacio, Cicerón, Séneca,
Marcial, Quintiliano, etc. Para el estudio de la
lengua vernácula, de la geografía, de la matemática
y de la historia, desconocemos los textos escolares.
Métodos de enseñanza: Aunque cada orden religiosa
había adoptado sus propios métodos, es indudable que
los objetivos eran idénticos y que los métodos más
variaban en el modo de su aplicación que en la
esencia de su contenido. Una amplia información para
la paideia jesuítica se halla en el libro de José
Juvencio S.I. Método para aprender y para enseñar
(Florencia, 1703). Pretendían el desarrollo armónico
de todas las facultades y el despertar de las
tendencias del adolescente. Se trataba de que
aprendiera a estudiar, a sentir, a pensar, a
profundizar y a crear. Había que fomentar la
curiosidad. Así insistían en la memoria durante la
niñez porque la consideraban como un auxilio
inestimable para cualquier empresa a la vez que
acumulaba un caudal de conocimientos, expresiones, fórmulas,
etc., válidas para toda la vida. Dominado el
lenguaje, se insistía en el valor de la belleza
descubierta por la ciencia y el arte. Debían aprender
a leer poéticamente a los poetas y para ello se servían
de la lectura, la composición y la declamación. Además,
el teatro jugó un papel decisivo. Con la retórica
debían enseñar el arte de pensar mediante la
interrogación (disputa dialogada entre el maestro y
el discípulo con una serie de afirmaciones contrarias
o aparentes verdades incompatibles), y la concertación
(disputa pública). Elemento fundamental era la
prelección, cuyo esquema constaba de 5 partes: en la
primera se narraba el argumento; en la segunda se
exponía y aclaraba cada frase, sobre todo si eran
concisas, oscuras o complicadas; en la tercera se
exponía lo tocante a la erudición, historia,
costumbres de los pueblos, etc.; en la cuarta, se
trataba todo lo referente a la retórica y a la poética;
y en la quinta, se analizaba, examinaba y criticaba el
latín. Posteriormente el alumno debía trabajar,
ejercitarse y crear.
Pénsum: Se podría presentar esquemáticamente así:
1) Gramática inferior: En la sección primera o íntima
se aprendía a leer y escribir. En la segunda sección,
se recitaban los preceptos escogidos del Tratado de
Octo partibus orationis de Elio Donato y aprendían a
declinar los nombres y a conjugar los verbos con
algunas explicaciones dadas en lengua materna. La
sección tercera seguía con Donato, pero añadía las
partes básicas de la gramática más moderna. Estos
alumnos escribían sencillos ejercicios de composición
latina. Los de la sección cuarta, estudiaban a Donato
y Depauterio «sin emplear la lengua vernácula».
También se adentraban en las reglas de la gramática
compuesta por Francisco Faroene de Mesina. 2) Gramática
media: Los jóvenes debían utilizar el De
exercitatione linguae Latinae de Luis Vives y el De
octo partibus orationis de Erasmo; las Cartas de Cicerón,
trozos selectos de Terencio y las Eglogas de Virgilio.
3) Gramática superior: Los estudiantes dedicaban su
atención a la sintaxis y a muchos autores latinos:
Cicerón, Salustio, Ovidio y la obra de Erasmo sobre
El escribir cartas. 4) Humanidades: Se debía leer y
estudiar De copia verborum de Erasmo; el Arte poética
de Horacio y se iniciaban en el estudio de la gramática
griega. Aquí se requería ya mucha composición. 5)
Retórica: La mañana la consagraban al estudio de las
Oratoriae partitiones de Cicerón y a los Preceptos de
Fabio. La tarde se dedicaba a los Discursos de Cicerón
y a algún historiador.
Evolución histórica: Los orígenes de la historia de
la educación en Venezuela corren paralelos con los de
la consolidación de las instituciones jurídicas,
sociales, económicas, y religiosas de cada una de las
ciudades y centros coloniales. Así pues, si la
penetración y colonización definitiva de Venezuela
se realiza en la segunda mitad del siglo XVI, es lógico
que la acción educativa se institucionalice como un
paso ulterior a la etapa de consolidación del dominio
hispano. En este sentido estableceremos las siguientes
etapas: 1) Los ensayos protohistóricos (siglo XVI):
Se iniciaron con los 2 colegios que fundaron en 1512
los franciscanos en tierras de Cumaná que llegaron a
albergar 40 jóvenes y debían proseguir con la
fallida expedición de 20 religiosos para fundar 5
conventos más. Posiblemente también los dominicos
fundaran escuelas. En 1520 concluye este intento con
el fracaso de lo que se ha denominado la «misión
apostólica». Indiscutiblemente debieron surgir otros
intentos, de mayor o menor duración, pero nos son
desconocidos. Con todo, haremos alusión a 2 proyectos
con los que creemos se cierra el ciclo protohistórico.
El 29 de octubre de 1571 solicitaba el gobernador y
capitán general de la provincia de Venezuela Diego de
Mazariegos, petición que reiteraría hasta 1573, el
envío de 12 jesuitas a su provincia con el fin de
encargarse de la educación de los hijos de los
conquistadores y de los indígenas. El proyecto
fracasaría por la oposición del obispo fray Pedro de
Agreda. Sin embargo, el mismo obispo creó en
Trujillo, con anterioridad a 1576, un estudio de
latinidad (quizá también de artes) en donde se formó
gran parte del clero ordenado por él. Aquí se puede
ubicar el primer esbozo de los seminarios conciliares
en Venezuela. 2) Génesis y estructuración de la enseñanza
(1576-1673): En 1576 se abre definitivamente la
presencia de los franciscanos y dominicos en la
provincia de Venezuela y junto a la labor de fray
Pedro de Ágreda se fundamenta la infraestructura
religiosa que atenderá al desarrollo de la vida
social, política y consolidativa del dominio hispano
en Tierra Firme. Los cabildos, el obispo y las órdenes
religiosas contribuirán al hecho de la creación de
las escuelas municipales y conventuales como una
expresión institucional de la formación de la
venezolanidad cultural. Aunque la real cédula de 1592
instauraba la educación oficial, hay que reconocer
que ya con anterioridad el Cabildo caraqueño había
protegido a pedagogos como Luis Cárdenas Saavedra,
Simón de Bazauri y otros que se habían dedicado al
cultivo de la juventud. No debieron ser pocas las
dificultades iniciales pues además de la pobreza y
falta de locales hay que añadir «...haber poca gente
[...] y acudir pocos muchachos a ser enseñados...»
Treinta y cinco años necesitaría este proyecto para
su arraigamiento y en él abundaron los pedagogos
volantes y el esfuerzo de los propios obispos caraqueños.
Toda esta etapa se puede seguir paso a paso en la obra
de Caracciolo Parra, La instrucción en Caracas,
1567-1725. Mas, durante este lapso y el siguiente, será
la Iglesia la que asuma, de forma institucional, el
reto y la obligación de las tareas educativas.
Entendemos por Iglesia: el clero secular, el clero
regular, y los eclesiásticos como personas
individuales. En todo caso la labor más fecunda y
amplia correspondió a las órdenes religiosas. Entre
los religiosos que laboraron en Venezuela sólo los
capuchinos no pudieron ejercer la docencia, ya que,
por una parte, recaía sobre ellos el peso de las
reales cédulas del 19 de septiembre de 1588 y del 23
de marzo de 1601 que prohibían el paso a Indias a
aquellos religiosos que no tuvieran autorización para
fundar conventos; y por otra, la cédula del 10 de
enero de 1647 les facultaría para pasar al Nuevo
Mundo pero con la contrapartida de que no sólo no
llevarían a cabo fundación alguna de conventos, sino
que ni siquiera lo intentarían. Su acción, pues, se
tuvo que circunscribir a los terrenos misionales.
Desde esta óptica tenemos el siguiente panorama: los
franciscanos habían iniciado para 1610 sus conventos
de Caracas, Trujillo, El Tocuyo, Maracaibo y
Barquisimeto. Y a lo largo del siglo XVIII proseguirían
por Coro, Valencia, Cumaná, Margarita, Carora, San
Felipe y Guanare. Los agustinos no podemos precisar la
realidad educativa de los conventos de éstos que se
redujeron esencialmente al área andina. A lo largo
del siglo XVII se instalarían en Mérida (hacia
1590), San Cristóbal (1593), Gibraltar (1600) aunque
de vida efímera, Maracaibo (1639) y Barinas (1633).
Hay que señalar que la vocación agustina en
Venezuela fue más misionera que educativa. Los
jesuitas quisieron proyectar su acción en el siglo
XVII en Caracas, Maracaibo, Trujillo, Mérida y San
Cristóbal, pero solamente cuajaría la fundación del
colegio de San Francisco Javier de Mérida en 1628. En
el siglo XVIII se daría comienzo a los de Maracaibo
(hacia 1735), Coro (1754-1764) y se incoaría con
grandes expectativas el de Caracas (hacia 1753). Los
dominicos de la provincia de Santa Cruz empezarían en
Caracas con San Jacinto en 1595, aunque sería en 1630
cuando se elevaría a la categoría de convento. Los
de la provincia de San Antonino (Nuevo Reino de
Granada) trabajaron en Mérida (1567), El Tocuyo
(1596) y Trujillo (1598). Sólo los estudios
capitalinos alcanzarían verdadero realce. Desde el
punto de vista jurídico-educativo se rigieron por la
Ratio studiorum ordinis praedicatorum que
fundamentalmente había sido delineada por el Capítulo
General de Lyon (1274). Poco se puede decir del
proyectado convento dominicano de San Felipe
(1724-1772). Los mercedarios se restringieron a
Caracas y ya para 1651 se habían instalado en esa
ciudad. 3) Consolidación (1673-1721): Enmarcamos este
lapso entre 2 fechas altamente significativas: la
erección del Seminario de Santa Rosa de Lima
(9.10.1673) y la creación de la Universidad de
Caracas (22.12.1721). El Seminario completa y
consolida el movimiento intelectual iniciado por el
convento de San Francisco y continuado por el de San
Jacinto y por el de los mercedarios. Definitivamente
fraguan las bases de lo que constituirá la educación
superior y se evidencia el arraigo de las humanidades,
no sólo en Caracas sino en las principales ciudades
de la provincia. Con la Universidad, se abre el ciclo
educacional definitivo del período hispano, pues
patentiza la primera madurez intelectual de las élites,
eclesiásticas y civiles, y fija en la capital el
flujo permanente de la juventud que debía buscar su
formación universitaria en Santafé de Bogotá, en la
isla de Santo Domingo y en la propia España. 4)
Expansión y crisis (1721-1810): Con las reformas económicas,
jurídicas y administrativas que sufre Venezuela a lo
largo del siglo XVIII, el sector educativo gozará de
una nueva fase de expansión y de revisión. Una serie
de características específicas definen esta última
etapa del período hispánico: a) la creación de 2
centros universitarios oficiales: Caracas y Mérida;
b) la multiplicación de escuelas. Sobre este punto
concreto existe una gran documentación inédita en el
Archivo General de Indias (y en otros archivos), no sólo
sobre el aspecto fundamental sino a veces también
sobre lo que denominaríamos la «filosofía educativa».
Un selecto muestrario lo ofrece Ildefonso Leal en su
obra Documentos para la historia de la educación en
Venezuela. De igual forma existe dispersa una amplia y
desigual bibliografía sobre los ensayos concretos
llevados a cabo a lo largo y ancho del territorio
nacional poblado. En este contexto es necesario anotar
que, mientras los centros docentes de las órdenes
religiosas se estacionan (fundamentalmente por la
expulsión de los jesuitas en 1767 y por la falta de
vocaciones) surgen entonces las escuelas públicas
(oficiales y privadas) sobre todo con la segunda mitad
del siglo XVIII. La visita del obispo Mariano Martí
(1771-1784) muestra un pormenorizado elenco de los
haberes educativos de la Iglesia de la diócesis de
Caracas. Además fue fundando escuelas en Santa Clara
del valle de Choroní (1772); La Guaira (1772); San
José de Puerto Cabello (1773); San Sebastián del
valle de Ocumare (1773); Santa Ana de Coro (1773);
Santa Ana de Paraguaná (1773); Escuque (1777);
Guanare (1778); San Fernando de Ospino (1778); Villa
de Araure (1778); Barquisimeto (1779); Villa de San
Luis de Cura (1780); Villa de Calabozo (1780); Villa
de San Juan Bautista del Pao (1781). Incluso, dotó en
1774 una escuela en Maracaibo y 2 en Carora (1776). A
éstas hay que añadir las siguientes escuelas públicas:
Cumaná (1759); Arenales (1776); Cumaná (1778);
Trujillo, San Carlos y Valencia (1786); La Guaira
(1788); El Tocuyo (1789); La Grita (1790); La Victoria
(1798); Turmero (1800); el Colegio Real de San Carlos
de Barinas (1792) y en San Felipe (1791). En el ramo
eclesiástico hay que destacar: el Seminario de San
Buenaventura de Mérida (1785) y los preludios del
Seminario de Guayana (1793). Anexas a los seminarios
de Caracas y de Mérida, existían sendas escuelas de
primeras letras. Asimismo, dentro del marco
fundacional, señalamos lo que se podría considerar
como la nueva escuela: la Academia de Geometría y
Fortificación de Caracas (1760); la Academia Militar
de Matemáticas de La Guaira (1761); por fundar la cátedra
de Matemáticas lucharán al unísono el doctor Juan
Agustín de la Torre y el capuchino fray Francisco de
Andújar, quien además propugnaba la historia natural
y el dibujo. Esta idea fraguaría en el siglo XIX en
Cumaná, con el ingeniero Juan Pires y en Caracas, en
1808, con José Mires, quien llegaría a enseñar
aritmética, álgebra, geometría, topografía y
construcciones civiles, dibujo lineal y topográfico.
El canónigo Francisco Antonio Uzcátegui fundaría en
Mérida (1782) la Escuela Patriótica de Artes Mecánicas
y en 1788 en Ejido la Escuela Patriótica, ambas
inspiradas en las ideas de Pedro Rodríguez de
Campomanes que se inscriben ya en el marco del
pensamiento ilustrado europeo. El espíritu de la
Ilustración se hace también presente en las aulas
universitarias caraqueñas con la modernización de
los estudios, especialmente en filosofía, que intenta
llevar a cabo el padre Baltasar de los Reyes Marrero a
partir de 1788 y que luego continuarán sus colegas y
discípulos por encima de los obstáculos que les
opone la rutina. En la enseñanza primaria, así como
en el pensamiento pedagógico, se destaca a comienzos
de la década de 1790 la persona de Simón Rodríguez,
quien en mayo de 1794 condensa sus experiencias y sus
lecturas en la memoria presentada al Cabildo de
Caracas, titulada Reflexiones sobre los defectos que
vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y
medios de lograr su reforma por nuevo establecimiento.
El licenciado Miguel José Sanz redacta entre 1801 y
1802 un proyecto de Ordenanzas Municipales para la
ciudad de Caracas, que le ha sido encomendado por la
Real Audiencia, en el cual analiza el sistema
educativo y propone su ampliación y mejora. En 1805,
un grupo de artesanos y artistas pardos, encabezados
por Juan José Landaeta, solicitan del Cabildo caraqueño
la autorización necesaria para crear en esa ciudad
una escuela primaria para los hijos de las personas de
esta etnia. Por diversas causas, los proyectos y
planes de Rodríguez y Sanz no llegan a ponerse en
marcha: prejuicios, intereses creados, incomprensión,
escasez de recursos económicos y humanos. Luego, la
guerra que estalla en 1810. Así pues, en el siglo
XVIII y primeros años del siglo XIX se gesta un gran
impulso cuantitativo educacional que recoge la
preocupación de los pensantes venezolanos. En cuanto
a lo cualitativo se refiere, habrá que estudiar y
evaluar todos lo proyectos arriba mencionados, pero
ciertamente se puede afirmar que estos movimientos
distaban mucho de la vitalidad y de los recursos
humanos que requería tan ingente tarea sobre todo si
se juzga a la luz del desarrollo europeo. J. Del R.F.
Período republicano (1810-1994)
Durante el período republicano cuatro vertientes
ideológicas han influido formalmente en el régimen
educativo venezolano: el cristianismo que ha dado la
base espiritual del pueblo venezolano, sembrado
durante el período de dominación española; la
Ilustración que se hace sentir fundamentalmente entre
1770-1870, aportando a nuestro acervo pedagógico las
ideas de la capacitación para el trabajo, de la
necesidad de la formación ciudadana y la conveniencia
de la secularización de la enseñanza; el positivismo
de 1870 en adelante, insistiendo en la idea de una
pedagogía científica y estimulando el proceso de
tecnificación del régimen de instrucción; y la
escuela nueva, también llamada activa, movimiento
generado por las corrientes filosóficas
antipositivistas que surgen a fines del siglo XIX y
que conjuntamente con el pragmatismo conforman un
movimiento pedagógico que propicia la formación del
educando en libertad y de manera activa para crear
disposiciones de amor al trabajo. Este movimiento de
la escuela nueva o activa se hace sentir en Venezuela
a partir de 1936, a raíz de la desaparición del régimen
gomecista, y era la fórmula pedagógica del nuevo
clima democrático que surgía en el país: educar en
libertad como base para vivir en democracia.
A esta altura de la historia de Venezuela el análisis
de la evolución de su pensamiento pedagógico revela
que las cuatro vertientes ideológicas indicadas han
formado una corriente doctrinaria sincrética, que es
la característica de la ideología pedagógica en
Venezuela. Sobre este piso se ha venido desarrollando
el hecho educativo durante nuestra vida republicana a
partir de 1810.
El tema de la educación como primer deber del
Gobierno surge aparejado al proyecto político de los
líderes de la revolución de Caracas en 1810. Perseguía
dicho proyecto la creación de un Estado soberano de
corte republicano y la conformación de una sociedad
democrática, siendo su objeto procurar la felicidad
del conjunto social, y del gobierno instituido
asegurarla, «...protegiendo la mejora y perfección
de las facultades físicas y morales [del ciudadano],
aumentando la esfera de sus goces y procurándole el más
justo y honesto ejercicio de sus derechos...», que
son «...la libertad, la igualdad, la propiedad y la
seguridad...» Con esta preceptiva de la primera
Constitución, se tocaba el fondo del problema: que no
es posible que subsista la libertad y se consolide la
nueva condición republicana en la ignorancia y dentro
del clima espiritual que había conformado el
absolutismo. Por esta razón los líderes de la
revolución de Caracas, en la Proclamación de los
derechos del pueblo, el 1 de julio de 1811, declaración
que contiene elementos fundamentales de la ideología
animadora de la gesta independentista, expresan que la
instrucción es necesaria y que la sociedad debe
ponerla al alcance de todos. Con semejante
declaratoria se daba alto rango social a la educación
como factor modelador del temperamento republicano, y
se la colocaba como institución política fundamental
del nuevo Estado. Esta valoración de la educación
para crear y consolidar condiciones favorables al
nuevo orden social propuesto, se origina directamente
del pensamiento ilustrado, que desde fines del siglo
XVIII encontró en Tierra Firme buena acogida en
hombres como A. Valverde, Baltasar de los Reyes
Marrero, Juan Agustín de la Torre, Simón Rodríguez,
Francisco de Andújar, Miguel José Sanz, Juan Antonio
Navarrete, que con sus ideas y proyectos durante
aquellas décadas inmediatas al 19 de abril de 1810,
contribuyeron a crear y a enriquecer el acervo
educacional venezolano. Los próceres entendían que
una dificultad que obstaculizaba el proceso político
independentista era la huella que había dejado en el
ánimo de los criollos los valores divulgados por el
absolutismo; vale decir, por la defectuosa educación
que en opinión de Miguel José Sanz y de Juan Germán
Roscio, se había impartido en el país y a los malos
hábitos que creaba una educación que ordenaba las
facultades humanas para vivir bajo la condición de
vasallos. Juan Germán Roscio observó este fenómeno
de mentalidad desde el primer momento y en 1820 (27
septiembre) en carta al general Francisco de Paula
Santander, desde Angostura, se lamentaba que la
ignorancia haya permitido que España nos hostilice «...con
gente americana, con provisiones americanas, con
caballos americanos, con frailes y clérigos
americanos y con todo americano...» y como
consecuencia de ésta convicción, expresa que desde
muy temprano se dedicó «...aunque con poco fruto, a
la táctica del desengaño...» A la luz de este
testimonio, se encuentra sentido al movimiento de
animación cultural y educacional realizado durante la
Primera República. Entonces se entendió que la acción
educativa era tan amplia como lo exigía la necesidad
y tomaba como sujeto de su interés a la población en
general. Por eso se valieron de la prensa (Gaceta de
Caracas, Semanario de Caracas, El Patriota de
Venezuela, Mercurio Venezolano, El Publicista de
Venezuela, El Patriota Venezolano, y la edición de
folletos y libros doctrinarios); se crearon o se
estimuló la fundación de planteles (Universidad de Mérida,
Academia Militar de Matemáticas, Escuela Pública Náutica,
cátedra de Anatomía, Academia de Instrucción de
nivel medio, cátedras de esgrima y baile, de dibujo y
pintura, y teatro); se proyecta la organización de
una Biblioteca Pública y es notable la contribución
de Roscio para dotarla, así como la gestión en
Londres para adquirir libros; y se orienta a las
sociedades patrióticas de Caracas, Valencia, Puerto
Cabello y Barcelona como centros de educación cívica.
Esta estrategia, obra de Roscio, era semejante a la
diseñada en Francia en los días de la Revolución
donde «...a la par de las armas marchaban los
instrumentos de persuasión [...] y todo esto más que
la guillotina de Robespierre, vino a fijar el
sistema...» Lamentablemente estas iniciativas
sucumbieron a la caída de la Primera República en
1812. Los españoles también eran conscientes del
valor de estos medios de persuasión y se conocen
algunas medidas que tomaron para mantener la lealtad
de los criollos, como por ejemplo, la edición del
Catecismo de Ripalda con los artículos añadidos para
la enseñanza pública, obra del arzobispo de Caracas
Narciso Coll y Prat; y la disposición del Reglamento
General de Policía, título III, que ordenaba la enseñanza
de la historia de España, en todos los planteles
educacionales porque es «...muy justo y necesario que
los españoles de ambos hemisferios conozcan todos
desde la infancia la dignidad, virtudes y ventajas de
la Nación y Gobierno a que dichosamente pertenecen...»
Lo anterior significa que ambos bandos apreciaban el
valor de la educación como instrumento de persuasión.
En el sector patriota, y concretamente en Simón Bolívar,
múltiples son los testimonios que señalan el peligro
de la ignorancia y la debilidad en que ésta había
sumido a los criollos, así como la necesidad de
construirles una nueva mentalidad y disposición de ánimo
para vivir en República. Viendo el mensaje de Bolívar
al Congreso de Angostura bajo tal perspectiva, se
aprecia el cabal sentido de aquello que expresa a los
legisladores, cuando les manifiesta: «...Vuestra
empresa es tanto más ímproba cuanto que tenéis que
constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del
error y por incentivos nocivos...», y profundizando
en esta dirección, corona sus proposiciones de
ordenamiento político y administrativo, recomendando
la constitución de un nuevo poder público, el Poder
Moral para que cuide de la primera educación del
pueblo. Dentro de esta línea de crear las
instituciones educativas del nuevo Estado y de
orientarlas a los fines republicanos, se seculariza la
dirección de la instrucción pública al decretar el
21 de junio de 1820 que el gobierno de los planteles
cualquiera que haya sido el origen de su
establecimiento pertenece al poder público de la República.
En 1824 con la instalación de Joseph Lancaster en
Caracas, Bolívar abriga la esperanza, de que con la
presencia de este notable educador se inicie la
materialización de sus ideas, ya que ambos coincidían
en que la emancipación de las mentes, tarea que
solamente la educación puede efectuar «...es la única
medida que al parecer falta para coronar las
libertades con la plenitud de la gloria y el honor...»
Para confirmar esta apreciación sobre la confianza de
Bolívar en el poder de la educación para producir
cambios de mentalidad, es revelador el diálogo de Bolívar
con Hiram Paulding en junio de 1824: «...yo he hecho
establecer el sistema lancasteriano en toda Colombia,
y eso solo hará a la generación venidera muy
superior a la presente...» En 1827 a su llegada a
Caracas, el Libertador dedica parte de su tiempo a
tomar medidas beneficiosas para la marcha de la
educación, entre otras la reforma del régimen
estatutario de la Universidad de Caracas y su adecuada
dotación rentística, la organización de la
subdirección de Instrucción, mecanismo para cuidar
de la educación pública, y el apoyo dado al
Seminario Tridentino de Caracas. No obstante estos
esfuerzos, la situación política y bélica y como
consecuencia de ello, el deteriorado estado de la
economía, hacían inoperantes las medidas que se ponían
en práctica.
Al reconstituirse la república de Venezuela en 1830,
el cuidado de la instrucción se adscribe desde 1830
hasta 1857, al Ministerio de Interior y Justicia, por
sí o a través de la Dirección General de Instrucción.
Algunos hechos significativos sobresalen durante estos
27 años, tales como: a) promulgación de la
Constitución de la República, en 1830, de orientación
centro-federal: esta Constitución asignaba
responsabilidades diferenciadas en materia de educación,
tanto al Gobierno central como al Gobierno provincial,
correspondiendo al primero promover la educación en
colegios y universidades y al segundo, la instrucción
primaria. La interpretación de los correspondientes
artículos constitucionales (87, numeral 17 y 161,
numeral 17), «...tiró una línea de separación
fatal que puso a la enseñanza científica bajo la
vigilancia y administración inmediata del gobierno y
dio a la primaria una intervención exclusivamente
municipal...», provocando esto un abandono de la
instrucción elemental, por no disponer los gobiernos
provinciales y municipales de rentas para el
sostenimiento de los planteles; b) creación de los
colegios nacionales: entre 1832 y 1842 el Gobierno
central decreta la fundación de los siguientes
colegios nacionales: el de Trujillo, 1832; el de
Margarita, 1833; el de El Tocuyo 1833; el de Carabobo,
1833; el de Coro, 1833; el de Cumaná, 1834; el de
Guayana, 1834; el de Barquisimeto 1835; el de
Maracaibo, 1837; el de Calabozo, 1839; el de Niñas de
Caracas, 1840; y el de Barcelona, 1842; estos colegios
se fundaron sobre los bienes de los conventos
extinguidos y con el auxilio de un subsidio del
gobierno central; c) organización de la Dirección
General de Instrucción Pública: este hecho se
produjo tardíamente, en 1838; y durante los años de
1830 a 1838 el ramo de la instrucción estuvo a cargo
de un oficial en el Ministerio del Interior, pues no
había opinión favorable para crear la Dirección
General de Instrucción. Juzgaba el Gobierno que, si
bien estos cuerpos «...pudieran ser convenientes a la
vasta República de Colombia en la extensión de
Venezuela, sobre ser impracticable su creación simultánea
y uniforme, no haría otra cosa que desvirtuar la acción
protectora del Ejecutivo sobre los establecimientos de
enseñanza superior, cuya dirección reasume y ejerce
por el Ministerio [...] existiendo Colombia, debía
haber en Caracas una subdirección de estudios y
aunque formada la República de Venezuela; y fijada la
capital en esta ciudad, dejaba de existir legalmente
aquella; mientras que por las razones expresadas en el
párrafo anterior no se ha creado la dirección, ni la
academia nacional, ni otros cuerpos semejantes, que
con el tiempo puedan plantearse...» La reactivación
de la Dirección General de Instrucción comienza
oficialmente el 20 de enero de 1836, cuando el
presidente José María Vargas plantea la necesidad de
preparar una Ley de Instrucción Pública que derogue
a la legislación educacional colombiana; sin embargo
juzgaba asimilables a la situación de Venezuela,
aspectos importantes de la ley colombiana de 1826
sobre organización de la instrucción y concretamente
se mostraba partidario de mantener una Dirección
General de Instrucción bajo la autoridad inmediata
del Ejecutivo para el gobierno de los establecimientos
escolares. No cabe duda que la influencia de Vargas y
la necesidad del servicio despertaron el interés del
vicepresidente en ejercicio de la presidencia Carlos
Soublette, para crear la Dirección el 17 de julio de
1838. Este acontecimiento se registra el 17 de julio,
designándose a Vargas para presidirla. La Dirección
General de Instrucción, que había realizado un
trabajo de ordenación y de concientización, funciona
hasta 1854, cuando por mandato de la ley y exigencias
absorbentes del Gobierno, se centraliza nuevamente en
el Ministerio del Interior y Justicia el gobierno de
la educación y para el efecto, se crea una sección
en aquel Despacho. El ministro del ramo, Simón
Planas, explica las razones que privaron para suprimir
la Dirección General de Instrucción: «...parece a
este Ministerio que al darse una nueva planta a la
instrucción en Venezuela, debiera suprimirse aquella,
reconcentrando en el gobierno la dirección y suprema
autoridad sobre esta materia. El ejemplo de naciones
muy adelantadas persuade cuan conveniente es atribuir
al jefe de la Administración Pública ese poder
superior sobre la enseñanza, y en dichas naciones se
ha creado un Ministerio Especial con el título de
Ministerio de Instrucción Pública...» De este modo
se aprecia que en aquella oportunidad, ya estaba en
mente de personeros del Gobierno la creación del
Ministerio de Instrucción. En esta época el problema
de una instrucción primaria, rudimentaria en su
concepción y muy precaria en su existencia, hizo
plantear la necesidad de su fortalecimiento como
recurso básico llamado a beneficiar a la mayoría de
la población, lo que hace proponer al ministro Simón
Planas la conveniencia de adoptar en Venezuela el plan
seguido en Francia, que divide la instrucción
primaria en elemental y superior, comprendiendo la
elemental, instrucción moral y religiosa, lectura,
escritura, cálculos y elementos de la lengua, que «...satisface
completamente el derecho perfecto que tiene el pueblo
a que se le eduque, pues por la enseñanza de la
lectura, escritura y el cálculo se provee a las
necesidades de la vida, y por la instrucción moral y
religiosa se satisface a otro orden de necesidades tan
reales como aquellas...»; y en cuanto a la primaria
superior añade «...los elementos de geometría y sus
aplicaciones usuales especialmente el dibujo lineal y
mensura; las nociones cardinales de las ciencias físicas
y de la historia natural aplicables a los usos de la
vida; y los elementos de la historia y de geografía
con especialidad de la historia y geografía del país...»
También planteaba el ministro Planas rectificar el
ordenamiento administrativo y la orientación que se
daba a los colegios y universidades, encauzándolos
por el camino que sugirió en su momento Cecilio
Acosta; d) promulgación de la Ley de Educación: esto
tuvo lugar en 1843 con la promulgación del Código de
Instrucción, proyecto que fue preparado por la
Dirección General de Instrucción; e) secularización
de la Universidad: por ley se decreta la separación
de la Universidad de Caracas del Seminario.
En el quinquenio que va de 1858 a 1863, el ramo de la
instrucción está bajo el cuidado de la Secretaría
de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, como
consecuencia de la reordenación administrativa de que
fue objeto la administración pública por ley del 25
de marzo de 1857. Es un quinquenio en el que se acentúa
la precariedad de la educación nacional, que la
conduce al grado de postración. Al examinar las
Memorias de la Secretaría del Exterior, durante el
período indicado, el balance que se observa es muy
desfavorable, al extremo que en 1861, la Memoria
guarda silencio sobre el estado de la instrucción
primaria y Francisco González Guinán recuerda que en
sólo «...determinadas poblaciones o ciudades había
algunas escuelas Municipales y particulares...» Sin
embargo, es importante destacar el informe que
presenta al Congreso de 1858 el secretario de
Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, Jacinto
Gutiérrez, sobre el estado de los asuntos de su
competencia; «...ningún dato más ha tenido el
Gobierno después de lo que expuso en las Memorias del
Interior en 1856 y 1857, sobre el importantísimo ramo
de educación primaria...»; y agrega más adelante
entre las causas del empobrecimiento de las rentas de
la instrucción pública, la negativa de los
propietarios de fincas a cancelar sus obligaciones por
la pérdida de la mano de obra esclava y manumisa que
redujo la producción, por la escasez de brazos debido
al estrago que causó en 1855 y 1856 el cólera entre
la población, y por la desmoralización de los pocos
que quieren trabajar. El informe de Jacinto Gutiérrez
analiza el hecho educacional venezolano con sutileza,
penetra en la raíz de muchos de los males que lo
aquejan y observa el desequilibrio que se produce en
la sociedad por el poco interés que en la práctica
se manifiesta por el progreso de la educación
elemental y el énfasis puesto en los centros de
educación universitaria. En el Ministerio de Fomento
se cuidará de los asuntos educacionales entre el 25
de julio de 1863 y el 24 de mayo de 1881, con un paréntesis
entre el 26 de julio de 1873 y el 6 de junio de 1874,
cuando por razones de organización, dichas funciones
pasan a cargo del Ministerio del Interior y Justicia.
Durante estas 2 décadas la instrucción vive 2
momentos diferentes: el uno, decadente; el otro, con
Antonio Guzmán Blanco, de repunte y ascenso. En
cuanto al primer momento el secretario de Fomento en
la exposición que hace en la Asamblea Nacional de
Venezuela en 1863, no refiere ninguna actividad
relacionada con la instrucción pública popular, como
si ésta hubiese desaparecido. Y en materia de educación
superior, refiere algunas medidas superficiales «...para
reparar las cosas al estado que tenían el 15 de marzo
de 1858...», pues «la mano atentatoria de dos
dictaduras», decía, lo había trastornado todo.
Entre estas medidas cabe citar las que dispensan las
faltas y notas penales en que habían incurrido los
alumnos de las universidades de Caracas y Mérida,
como consecuencia de los acontecimientos políticos y
militares ocurridos durante la Guerra Federal. La
radiografía sobre el estado del país y de su educación
durante aquellos días, se puede apreciar en el
intercambio de cartas entre el rector de la
Universidad de Mérida y el ministro de Fomento. En
efecto, el rector por comunicación del 15 de julio de
1863 solicita al Gobierno el pago de parte de lo que
se adeuda a la Universidad desde 1848, y expresa a
renglón seguido que «...tan benéfico plantel se ve
próximo a expirar participando en mucho de la miseria
espantosa que caracteriza la presente época...» El
ministro expresa al rector, el 17 de septiembre de
1863, que «...le causa extrema pena, no poder
disponer inmediatamente que se le abone el todo o
parte de lo que se le adeuda [...] el gobierno vé y
palpa lo que pasa y no puede poner remedio
inmediatamente a los males, porque ésos provienen de
la guerra, y la guerra amenaza todavía con todas sus
calamidades...» No obstante lo anterior, al final de
la misma década, en 1868, el ministro de fomento
Nicanor Borges reactiva algunas iniciativas, siendo la
más importante la presentación al Congreso de un
proyecto de ley sobre instrucción pública que
indudablemente contribuyó, junto con otras
iniciativas expresadas en los periódicos y en otras
tribunas, a crear condiciones para fecundar la
iniciativa que aparece 2 años más tarde, la
promulgación del decreto del 27 de junio de 1870 por
Guzmán Blanco, para universalizar la educación
primaria en forma gratuita y obligatoria. En cambio en
la década de 1870, si bien las luchas y revoluciones
no se erradican del panorama nacional, una nueva tónica
muy favorable a la educación se manifiesta a nivel
gubernamental, de modo que en 1873 se expresaba, lo
que era voz pública, que la educación «...como
asunto de interés nacional no había ocupado en
Venezuela la atención de ningún gobierno anterior al
presente...» Este esfuerzo cumplido consagra al
presidente Guzmán Blanco como el creador de la
escuela pública nacional; y se materializa al final
del Septenio, en 1877, con la cifra de 1.146 planteles
y una matrícula de 52.191 alumnos, y crea las
condiciones necesarias para que el 23 de mayo de 1881
aparezca en el cuadro de la administración pública
un nuevo ministerio, el de Instrucción Pública, cuya
creación se justificaba «...para atender con
singular esmero al desarrollo de las ramas que la
componen, imprimir mayor impulso a sus fuerzas
generadoras, levantar más aún los resultados
adquiridos, y hacer más rápida, vigorosa y expedita
la acción del gobierno federal en la extensa esfera
de la enseñanza que hoy se difunde en la República.
Mucho [decía el ministro Aníbal Domínici] se ha
andado en este camino desde aquellos tiempos, en que
el Poder Nacional contribuía con una pequeñísima
suma, de ordinario insegura, para sostener algunos
colegios en las antiguas provincias, en que la
instrucción científica estaba como clausurada en las
universidades de Caracas y Mérida, y en que la
instrucción primaria, reducida a los más elementales
rudimentos, se ofrecía apenas en algún plantel
municipal o particular, únicos gérmenes del
porvenir, conservados con duros sacrificios y sujetos
a desaparecer las más de las veces con las
vicisitudes de la política en la inclemente atmósfera
de nuestras pasadas guerras intestinas...» En cuanto
a la Universidad, no obstante el problema de sus
fincas, recibió impulso renovador con las iniciativas
de Adolfo Ernst y de Rafael Villavicencio.
Al analizar el proceso de formación del sistema
educativo venezolano, se evidencia que las vicisitudes
del mismo han ido aparejadas a las propias del devenir
político, las contingencias de éste han repercutido
muy sensiblemente en el cuerpo educacional y han
dejado profundas huellas. Con Guzmán Blanco el
fomento de la instrucción popular, con las
limitaciones que existían se siente; pero en la
medida en que se eclipsa del cielo político su
figura, también se debilita el esfuerzo en pro de la
instrucción, como si la suerte de la instrucción
estuviese unida a la suerte del caudillo. En marzo de
1884 al finalizar su mandato, Guzmán Blanco deja una
inscripción de 92.661 alumnos que acudían a 1.778
planteles populares. A Guzmán Blanco le sucede Joaquín
Crespo para el bienio 1884-1886, y este mantiene en
materia de política educacional, la misma tendencia
que se observa en el Quinquenio, cumpliendo de esta
manera la promesa de lealtad política al jefe del
Partido Liberal. Una iniciativa que se pone en
funcionamiento en aquel bienio fue la Escuela Politécnica
«...con el propósito de imprimir a la instrucción
un giro eminentemente práctico que asegure el más
pronto desarrollo de intereses industriales del país...»
A nivel de la educación universitaria, se exhibe la
habilitación o acreditación de estudios realizados
al margen de las formalidades pedagógicas
tradicionales, primera experiencia en el país de la
hoy llamada «educación a distancia» o «abierta».
Para apreciar el estado de la renta de la instrucción
pública, es significativo recordar que en 1885 el
gobierno de Crespo acudió a la caja de la renta de
instrucción para obtener el crédito que le
permitiera sostener parte de la movilización militar
que requería para sofocar una nueva intentona
revolucionaria, y dentro de esta compleja situación
político-militar el ministro de Instrucción Pimentel
expresaba que el ramo no sólo se había conservado
sino que había hecho progresos notables. En efecto,
el número de escuelas primarias en 1885, había
ascendido a 1.934 con una matrícula de 96.868
alumnos. Este ritmo ascendente corre peligro en 1888
cuando el presidente Juan Pablo Rojas Paúl no incluye
entre sus objetivos de política el tema de la educación;
sin embargo su ministro de Instrucción Pública
expresará que entre los asuntos preferentes del nuevo
Gobierno está el de atender «...la libérrima
institución que fundara el general Guzmán Blanco con
su inmortal decreto de 27 de junio de 1870...», lo
que se hermana con la disposición del presidente
Rojas Paúl de «...traer a la Universidad la ciencia
moderna, cueste lo que costare, y deducir de ella
todas las aplicaciones fecundas que pueda ofrecer para
complementar nuestro progreso intelectual, moral y
material...»
Durante 1889 se consumará el «entierro político de
Guzmán», y es el momento cuando aparece una juventud
ilustrada, y políticamente animada que clama por un
nuevo estado de cosas. Fue un año de lucha política
continuada al extremo que el presidente Rojas Paúl al
engolfarse en la crisis abandona la atención de otros
sectores de la administración, y lo reconocerá al
expresar que la instrucción pública si bien requiere
de una reforma total, otros asuntos han requerido la
atención del Gobierno y «...no ha podido como quería,
llevar a cabo aquella reforma. Alguno de los
Presidentes [dice] que me suceda será más afortunado
en este particular...» Este deseo de buena fortuna no
tuvo resonancia, y la educación queda como a la
espera; otro es el interés que concentra la atención
de los políticos. A partir de este momento la educación
venezolana acentuará su paso vacilante, como lo hace
el cuerpo social venezolano. En lo cuantitativo su
estado se hará estacionario y al final de la década
decreciente; y en lo cualitativo es lánguido, no
obstante las proposiciones de reforma que el
presidente Raimundo Andueza Palacio propone al
Congreso, que no tienen la suerte de materializarse,
según revela el propio ministro de Instrucción
Eduardo Blanco. No obstante la situación política
imperante, a mediados de aquella última década del
siglo XIX se plantearon ideas renovadoras para la
educación y al efecto se convocó un Congreso Pedagógico
en 1895 con una nutrida agenda donde prácticamente se
agotaban los asuntos de mayor interés para la educación,
pero en el seno del mismo se radicalizaron las ideas,
especialmente aquéllas relacionadas con la escuela
laica y la enseñanza religiosa, y tales extremos
dieron al traste con la iniciativa del Congreso, la
cual no tuvo conclusiones. En el último quinquenio
del siglo XIX un franco descenso se observa en la
educación nacional, no obstante que existían en el
país 4 universidades con 1.963 alumnos; sin embargo,
el número de las escuelas federales había descendido
a 928, con una inscripción de 40.000 alumnos y un
promedio de asistencia de 27.340 efectivos; había
además 22 colegios federales y 9 institutos
especiales. Esta situación se acentúa hacia abril de
1898 cuando se moviliza el recurso de la guerra, a lo
que se une la viruela que diezma a la población.
Triunfante en 1899 la Revolución Restauradora, el
jefe de la misma, general Cipriano Castro, se apresta
a señalar ante la Asamblea Constituyente reunida en
1901 que «...el decreto civilizador de 1870 habría
necesitado para dar sus frutos ubérrimos, una larga
era de sólida paz y de acción serena de la vida
republicana...» Pero la paz nunca llega y en 1902 el
presidente Castro expresa al Congreso que el mensaje
que presenta refleja «...la triste y cansada historia
de nuestras luchas intestinas...» Por su parte, el
ministro de Instrucción Tomás Garbiras lamenta
entonces que la guerra le impedía realizar la obra
que deseaba. En 1908, con el arribo del vicepresidente
Juan Vicente Gómez al poder éste designa a Samuel
Darío Maldonado para ocupar el Ministerio de
Instrucción, quien al iniciar una etapa con otras
características, pone fin al ciclo guzmancista en la
educación venezolana. Durante este nuevo ciclo que se
inicia en 1908 y concluye en 1935 se realizan
esfuerzos dirigidos a la organización de la escuela
graduada, a la conformación definitiva de la educación
secundaria, a la uniformidad del régimen de estudios
por la puesta en vigencia de planes y programas, a la
institucionalización del Estado-Docente, a iniciar la
educación preescolar, las edificaciones escolares y
la extensión universitaria, que son medidas que
perfilan la estructura del actual sistema educativo
venezolano. Estos esfuerzos se procuran dentro de un
criterio restringido de expansión educacional.
En 1936, bajo un clima esperanzador se inicia un nuevo
ciclo en la educación venezolana. Corresponde al
presidente Eleazar López Contreras dar cauce a las
nuevas exigencias; y al efecto estas conforman el
llamado Programa de Febrero que esboza las directrices
para la acción de gobierno. En materia de educación
se proyecta «...la organización de la educación
nacional, con el fin de poner a los diversos grupos de
nuestro pueblo en condiciones de afrontar con suceso
la lucha por la vida, y de nivelarnos con los pueblos
más adelantados, es una de las tareas que el gobierno
considera como fundamentales...» Las escuelas valen
lo que valgan los maestros y en tal virtud es
indispensable que el Estado atienda, en primer lugar,
a la formación de los docentes. En este ramo, el plan
de gobierno comprenderá: la lucha contra el
analfabetismo; nueva orientación a las escuelas
normales; organización de la educación preescolar y
de la educación primaria en función de las
necesidades de cada región; escuelas primarias
experimentales; construcción de edificios escolares;
divulgación cultural; protección de la iniciativa
privada que tienda a establecer la educación popular;
establecimiento de bibliotecas; educación física,
deporte y recreación; reorganización de la educación
secundaria en vista de la formación del carácter y
de la adecuada preparación científica para el
ingreso a las universidades y escuelas técnicas;
creación de un Instituto Pedagógico para la
preparación del profesorado medio; creación de
institutos técnicos adecuados a las necesidades de
cada región; reorganización de las universidades de
Caracas y Mérida, con inclusión de facultades de
Ciencias Económicas y Sociales; estudio de un sistema
que salvaguarde los intereses superiores del Estado y
asegure al mismo tiempo la autonomía de las
universidades en lo concerniente a su régimen
interno; creación de un Instituto Politécnico y de
un Consejo Nacional de Investigaciones. La
materialización de estos proyectos se inició de tal
modo, que el presidente Rómulo Gallegos dirá ante el
Congreso el día 29 de abril de 1948, que es «...justicia
reconocer que el régimen político iniciado en el
octubre revolucionario encontró en materia de educación
nacional buena obra ya en marcha...» El presidente
Gallegos, como educador que era, llega a la
Presidencia de la República con grandes compromisos
para con la educación y promete hacer de ésta, junto
con la sanidad y con el abastecimiento la «...preocupación
predominante, una y trina...» del Gobierno porque,
decía, las deficiencias en estos aspectos «...han
quebrantado la salud y el vigor de la Nación...»
Durante el trienio 1945-1948 se hicieron esfuerzos
importantes para universalizar la educación y mejorar
su calidad, a través de una nueva estructuración del
sistema educativo, basada en la tesis de la escuela
unificada, animada por el ministro Luis Beltrán
Prieto Figueroa, que se tradujo en una Ley Orgánica
de Educación aprobada en 1948. Se dictó el estatuto
orgánico de las universidades, paso importante para
conformar en el país un subsistema de educación
universitaria, al definir la función universitaria
como una en toda la nación. Lamentablemente este
esfuerzo educacional del trienio no fructificó, pues
se fecundaba en medio de radicalismos conceptuales,
que restaron impulso a la obra y menguaron sus
resultados, y al fin un golpe de Estado, a finales de
1948, interrumpió el proceso iniciado. Como
consecuencia de la expansión educacional del trienio,
nuevos docentes sin los títulos correspondientes se
incorporaron al magisterio, lo que obligó a proyectar
políticas de profesionalización para mejorar la
calidad del servicio. Corresponderá al ministro
Augusto Mijares profundizar en la idea y crear al
Instituto de Mejoramiento Profesional, junto con la
revista Tricolor creada como recurso didáctico al
servicio de la niñez venezolana. Durante el período
que va de noviembre de 1948 a enero de 1958, 2
cuestiones caracterizan la gestión educacional: el
plan nacional de edificaciones escolares, ejecutado
dentro de la política de infraestructura física que
impulsaba aquel gobierno, y la apertura de
universidades privadas. El año 1957 concluye con un déficit
escolar desalentador, que el gobierno del presidente Rómulo
Betancourt afrontará, de modo que al verse satisfecha
la meta prevista para fines de 1959, el ministro
Rafael Pizani expresa «...ya hemos logrado ser
millonarios en escolares...»
Al observar el proceso evolutivo del sistema educativo
durante estos últimos 25 años, se aprecia en primer
término que el mismo se desenvuelve sobre un
escenario político homogéneo, cual es la plena
vigencia del sistema democrático, y que si bien se
han alternado en la dirección política del Estado,
partidos políticos de distinto signo ideológico, la
pasión por la educación los ha identificado y los
esfuerzos en este sentido han sido crecientes. La
estadística señala que para el año escolar
1982-1983, Venezuela tiene en funcionamiento 15.950
planteles (13.997 oficiales y 1.953 privados) con una
matrícula de 4.746.037 alumnos (4.077.750 en los
planteles públicos y 668.287 en los privados);
atendidos por 207.721 docentes (174.073 oficiales y
33.648 privados). El esfuerzo del Estado ha sido
respaldado para el mismo año por un presupuesto
legislativo por el orden de Bs. 15.595.000.000. El
esfuerzo cuantitativo indicado ha sido acompañado de
importantes reformas cualitativas que se han referido
a todos los aspectos del sistema educativo, pero con
limitado rendimiento. Una nueva Ley Orgánica de
Educación, promulgada en julio de 1980 por el
presidente Luis Herrera Campins, contiene las
directrices ordenadoras del sistema. Una comisión de
alto nivel encargada de evaluar el sistema educativo
venezolano en su totalidad y de proponer las reformas
necesarias para mejorarlo fue designada durante la
gestión del presidente Jaime Lusinchi (1984 -1989).
Las propuestas se presentaron pero no hubo decisión
al respecto
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